Si nos dijeran que la economía circular puede fomentar nuestra calidad de vida, mediante la protección de la naturaleza, del medio ambiente y el desarrollo de los equipamientos sociales, con especial atención al medio rural. Nuestros tan queridos pueblos. Además de las nuevas oportunidades económicas para las empresas, que más que nunca necesitan de innovación para hacer frente a la crisis y en nuestra región a la despoblación. Le pondríamos así, más atención a este nuevo modelo al que se pretende transicionar.
Una economía circular, según el estudio “Hacia una economía circular: motivos económicos para una transición acelerada” de la Fundación Ellen MacArthur, es aquella que es restaurativa y regenerativa a propósito, y que trata de que los productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximos en todo momento. Este nuevo modelo económico trata de desvincular el desarrollo económico global del consumo de recursos finitos. Podría generar crecimiento, crear empleo y reducir los efectos ambientales, incluidas las emisiones de carbono.
Nuestro sistema actual se encuentra bloqueado en la economía lineal, basada en “tomar, hacer, desechar” tratando grandes cantidades de materias y energía barata, esto hace necesario repensar su uso. Es el momento para aprovechar las ventajas potenciales de una economía circular, cuyo impacto se dejaría sentir en toda la sociedad. Una oportunidad para empresas, el medio ambiente y los ciudadanos.
Una oportunidad para transformar nuestra economía y hacerla más sostenible, contribuir a los objetivos climáticos y a la conservación de los recursos, crear puestos de trabajo a escala local y generar ventajas competitivas para los sectores de la región. En España es pionera la Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha, nace de la necesidad de una norma con rango de ley para cumplir con los principios y objetivos de la economía circular por un cambio social y de modelo productivo, económico y de consumo.
Esta ley persigue promover un desarrollo económico sostenible, fomentar la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Pero no ha sido hasta el 2 de marzo de 2021 cuando se han definido los objetivos que la ley necesita para llevarse a cabo, mediante el Decreto 7/2021, por el que se aprueba la “Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha”. El decreto pretende dar respuesta a los nuevos retos, incorporar los principios de economía circular como elemento clave de transformación y crecimiento más innovador, competitivo y sostenible, favoreciendo la creación de empleo, desacoplando nuestra economía del consumo de recursos no renovables y la consiguiente mejora del medio ambiente y, por ello, de la vida y el bienestar de las personas.
Este es un cambio de paradigma necesario para prevenir el agotamiento de los recursos, enfrentarnos a los desafíos globales como son los cambios demográficos globales, la dependencia de materias primas, su volatilidad y riesgos de suministros, el deterioro de los sistemas naturales y los impactos globales del cambio climático según el Decreto 17/2021.
Para el desarrollo de la Estrategia han realizado un diagnóstico en materia de economía circular en la región y han actuado por provincias, Castilla-La Mancha es una región de 79.000 km2 y más de 900 municipios. Un proceso para dar lugar a nuevos desarrollos tecnológicos, a procesos, productos y servicios innovadores, que permitan contribuir a la competitividad de las empresas de la región, a la vez que se generen nuevas oportunidades de negocio y se creen nuevas cadenas de valor, que lleven aparejada la creación de empleo con perspectiva de género.
Para poder medir los resultados alcanzados disponen de un sistema de indicadores para el seguimiento de la contratación pública verde, generación de residuos, gestión de residuos, materias primas secundarias, competitividad e innovación y un marco de políticas e instrumentos como: dotaciones presupuestarias para las acciones propias de la Administración Regional así como para el apoyo del tejido empresarial, a través de ayudas y subvenciones o tasas y tributos que premien o graben económicamente los comportamientos de empresas y personas, incentivando determinadas prácticas, modelos de consumo, producción e inversiones.
